SERGIO TAPIA TAPIA
Desde: http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LROpinion03&td=22&tm=05&ta=2011
¿Se puede cambiar de Plan de Gobierno durante un proceso electoral?
Algunas respuestas ya han sido ensayadas. Hay de las permisivas pro-Ollanta. y de las que descartan cualquier intento de cambio. El problema es que hubo, a este respecto, declaraciones imprudentes, confusas y –lamento decirlo– con ignorancia de la ley, por parte del presidente del Comité de Ética del Jurado Nacional de Elecciones.
El tema no es opinable, el tema es legal. Porque es una ley la que ha impuesto la obligación de presentar y conservar un Plan de Gobierno. Por lo tanto, juzgar de su incumplimiento corresponderá a quien tenga autoridad en la materia, ya sea el JNE, o en su defecto por el Poder Judicial.
La obligación de elaborar, depositar, conservar, exhibir y (espero, también, “de cumplir”) un Plan de Gobierno, se exige a los procesos electorales a partir fue del 28 de julio de 2006, por mandato de la Ley No. 28711.
Esa Ley fue el resultado de tres proyectos concurrentes. Desde el 3 de julio de 2003, Alcides Chamorro del desaparecido FIM de Olivera, había presentado el proyecto No. 7470, fundamentaba su iniciativa en la necesidad de formalizar los compromisos que adquieren los candidatos electorales, para garantizar los derechos del ciudadano. Desde el 4 de marzo de 2005, el congresista del APRA, Aurelio Pastor, presentó el Proyecto No. 12489/2004, con buen fundamento se remitía a las leyes de elecciones Regionales y de elecciones Municipales (Ley No. 27683 y Ley No. 26864), que exigen a los candidatos la presentación de Planes de Gobierno, por lo que con mayor razón era exigible el mismo requisito para los candidatos a Presidente de la República. El tercer proyecto, presentado el 12 de enero de 2006, por Ántero Flores-Aráoz, fundamentaba su iniciativa en el Acuerdo Nacional y en el Pacto Ético Electoral de abril de 2005, para preservar el derecho del ciudadano a ejercer un voto informado y consciente. La Ley que, finalmente, se aprobó recogió integralmente esta última propuesta.
Ollanta, que libremente asumió ser candidato, tiene que subordinarse al mandato de la Ley (quizá para esto lo ayude la disciplina militar, que supongo conservará). Ollanta está obligado a entregar al JNE “su Plan de Gobierno”, a publicarlo “en su respectiva página web” y a mantenerlo “durante todo el período para el cual participaron en el proceso electoral”. Por su parte, al JNE le corresponde mantener en su página web “durante todo el período de gobierno” los Planes de Gobierno de las organizaciones con candidatos elegidos. Por lo tanto, habiendo sido elegidos congresistas de Ollanta, el Plan de Gobierno de Gana Perú queda y debe quedar.
Hay una incongruencia sustancial en Ollanta. Por su Plan de Gobierno fue que los ciudadanos votaron en el número que le dio la victoria en primera vuelta. Ahora, contra el mandato de la ley, intenta suplantar el Plan de Gobierno, con nuevos documentos que semana a semana va sacando de la manga, y a los que les impone diversas denominaciones: compromisos, hojas de ruta y hasta jura por Dios que los cumplirá. El último de la serie, que no sabemos si acabó o quedan más, ha sido la “huachafería” realizada en la irrespetada Casona de San Marcos, mi querida universidad. Hasta Vargas Llosa y Alvarito se colgaron de Ollanta para salir en cámaras. Yo no sé qué valor pudo haber que Ollanta juramentase ante una Biblia, por cuanto los testigos del acto eran ateos militantes, o marxistas perseguidores de la religión o socialistas irreconciliables con la religión o liberales incrédulos que se llaman a sí mismos agnósticos.
El JNE, de oficio, no ha dicho ni hecho nada. Tampoco tengo información de alguna iniciativa del equipo de personeros legales de Fuerza 2011. Se está quedando en letra muerta la Ley 28711, que incorpora el artículo 23-A a la Ley de Partidos Políticos, sobre la obligación de los Planes de Gobierno.
Por eso, este 5 de junio, no hay que votar por Ollanta, porque ni siquiera honra respetar sus promesas contenidas en su Plan de Gobierno del mes pasado.
Director Jurídico de UnoAmérica
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